En medio de una ola de reacciones encontradas, el presidente Luis Abinader defendió la promulgación del nuevo Código Penal como un paso importante hacia la modernización del sistema jurídico del país, a pesar de reconocer que la legislación recién aprobada no es perfecta y admite mejoras.
Al referirse a la Ley 74-25, que entrará en vigor en agosto del próximo año, el mandatario explicó que se trata de un avance significativo en comparación con el anterior Código Penal, vigente desde 1884, al que calificó como “desfasado y atrasado”.
“Ninguna ley es ideal. Este Código es perfectible, pero representa un progreso frente a una legislación de 141 años de antigüedad. Tal vez no es el Código que yo hubiese querido con exactitud, pero es el que fue posible”, expresó el presidente, sin descartar la elaboración de leyes complementarias que refuercen el nuevo régimen.
Durante su declaración, Abinader sostuvo que muchas de las debilidades del sistema judicial se deben al viejo marco legal, que ha permitido que personas que han cometido delitos continúen en libertad. “Ese código imperfecto ha facilitado que delincuentes permanezcan en las calles, llevando intranquilidad y dolor a las familias. Con esta nueva legislación se endurecen las penas y se fortalece la lucha contra la criminalidad”, enfatizó.
El nuevo Código Penal introduce una serie de tipificaciones modernas, como el feminicidio, sicariato, ciberbullying, violencia económica, difusión de deepfakes con fines de extorsión, estafas piramidales, intermediación financiera no regulada e instigación al suicidio. También contempla el cúmulo de penas por múltiples delitos, eleva la pena máxima a 40 años de prisión e incorpora medidas socio-judiciales, como la vigilancia post-condena, el registro de agresores sexuales y programas de reeducación para la reinserción social.
Sin embargo, el texto legal ha generado controversia por la exclusión de las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo —riesgo de vida para la madre, malformaciones congénitas del feto, y embarazo producto de violación o incesto—, una omisión que ha generado críticas de sectores sociales y defensores de los derechos humanos.
Una de las primeras figuras en pronunciarse fue la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien valoró positivamente la promulgación del nuevo Código Penal, afirmando que, en términos generales, “responde a las nuevas tendencias de la teoría del delito”.
