WASHINGTON (AP) — Durante toda su campaña, el presidente electo Donald Trump criticó duramente al Departamento de Educación federal, describiéndolo como infiltrado por “ radicales, fanáticos y marxistas ”.

Ha elegido a Linda McMahon , ex ejecutiva de lucha libre , para dirigir el departamento, pero, como muchos políticos conservadores antes que él, Trump ha pedido que se desmantele por completo el departamento, una tarea engorrosa que probablemente requeriría la intervención del Congreso.

La función principal de la agencia es financiera. Anualmente, distribuye miles de millones de dólares en dinero federal a universidades y escuelas y administra la cartera de préstamos federales para estudiantes. El cierre del departamento significaría redistribuir cada una de esas funciones a otra agencia. El Departamento de Educación también desempeña un importante papel regulador en los servicios para estudiantes, desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.

De hecho, el dinero federal para la educación es central para los planes de Trump para las universidades y escuelas. Trump ha prometido cortar el dinero federal para las escuelas y universidades que promuevan “la teoría crítica de la raza, la locura transgénero y otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados” y recompensar a los estados y escuelas que pongan fin a la titularidad de los docentes y promulguen programas 
de elección universal de escuela .

La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas: aproximadamente el 14 %. Las universidades dependen más de ella, a través de subvenciones para investigación y ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar sus matrículas.

A continuación se presenta un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas.

Préstamos para estudiantes y ayuda financiera

El Departamento de Educación administra aproximadamente 1,5 billones de dólares en deudas por préstamos estudiantiles de más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que brinda ayuda a los estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.

La administración Biden ha hecho de la cancelación de préstamos estudiantiles una iniciativa emblemática del trabajo del departamento. Desde que el Tribunal Supremo revocó el intento inicial de Biden de cancelar los préstamos estudiantiles , la administración ha perdonado más de 175 mil millones de dólares a más de 4,8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condonación de Préstamos por Servicio Público.

Los esfuerzos de condonación de préstamos han enfrentado el rechazo republicano, incluidos litigios de varios estados liderados por el Partido Republicano.

Trump ha criticado los esfuerzos de Biden para cancelar la deuda como ilegales e injustos, calificándolos de «catástrofe total» que «se burla de los jóvenes». El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto: no ha publicado planes detallados.

Cumplimiento de los derechos civiles

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación lleva a cabo investigaciones y emite orientación sobre cómo deben aplicarse las leyes de derechos civiles, por ejemplo, para los estudiantes LGBTQ+ y los estudiantes de color. La oficina también supervisa un gran proyecto de recopilación de datos que rastrea las disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de la oficina en materia de derechos civiles. En su plataforma de campaña, dijo que presentaría demandas de derechos civiles para “impedir que las escuelas discriminen por motivos de raza”. Ha descrito las políticas de diversidad y equidad en la educación como “discriminación ilegal explícita” y ha dicho que las universidades que las utilicen pagarán multas y se les aplicarán impuestos a sus donaciones.