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La administración Trump ha iniciado una controversia al invalidar los números de Seguro Social de miles de inmigrantes con estatus legal temporal, una acción que, según tres fuentes familiarizadas con la situación, está siendo interpretada como una estrategia para fomentar la «autodeportación». La Administración del Seguro Social (SSA) ha comenzado esta semana a clasificar a estos inmigrantes, que previamente poseían números de Seguro Social válidos, como fallecidos.

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Este movimiento tiene implicaciones financieras significativas, ya que esencialmente cancela el número de Seguro Social del inmigrante, lo que se equipara a una «muerte financiera». Las instituciones financieras dependen de los datos actualizados del Seguro Social para verificar identidades y defunciones, y podrían cortar el acceso a servicios financieros para estos individuos.
Según tres fuentes que informaron a CBS News, la SSA renombró recientemente su «death master file», un registro utilizado para rastrear el fallecimiento de individuos y detener el pago de beneficios del Seguro Social, a «ineligible master file» (registro maestro de no elegibles). Bajo esta nueva denominación, la SSA está clasificando a inmigrantes como fallecidos utilizando fechas

falsas, según múltiples fuentes. Esto invalidaría sus números de Seguro Social y su acceso a beneficios gubernamentales. La propia agencia advirtió en marzo que un reporte de fallecimiento «erróneo» detendría los beneficios, causaría «dificultades financieras» y sería «largo y desafiante» de solucionar.
El primer grupo en ser añadido a esta «lista de no elegibles» fue el de más de 6,000 inmigrantes que ingresaron al país a través del programa de permiso de permanencia temporal (parole) del expresidente Joe Biden, según dos fuentes. Este detalle fue reportado inicialmente por The Washington Post.

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La Casa Blanca justificó la medida argumentando que se realizó para alentar a estos inmigrantes, quienes tenían un «incentivo monetario» para ingresar a través del sistema de permiso de permanencia temporal, a «autodeportarse». «El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse. Está cumpliendo su promesa hecha al pueblo estadounidense», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston.
Dos fuentes indicaron que la solicitud para agregar los primeros 6,000 nombres a esta lista provino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, una fuente familiarizada con el asunto señaló que el lunes se firmó un memorando de acuerdo sobre esta medida entre la Secretaria del DHS, Kristi Noem, y el Comisionado Interino de la SSA, Leland Dudek.

Existen requisitos específicos para que los inmigrantes legales califiquen para los beneficios del Seguro Social. Por ejemplo, los inmigrantes con autorización de trabajo o aquellos con tarjetas de residencia permanente pueden obtener números de Seguro Social especializados, pero no tienen derecho a pagos de los impuestos pagados durante sus primeros cinco años en el país.
Miembros demócratas del Congreso, empleadores y defensores del Seguro Social manifestaron de inmediato su alarma ante esta acción. El senador Ron Wyden de Oregon, miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, afirmó que la acción «plantea la perspectiva de que la Administración Trump robe beneficios del Seguro Social legalmente ganados por ciudadanos estadounidenses, una prueba más de que la promesa de Trump de proteger el Seguro Social es una mentira». Martin O’Malley, excomisionado de la SSA durante la administración Biden, calificó la medida de la SSA como «ilegal en muchos aspectos».
«Si sin el debido proceso, Trump y Musk pueden ‘desaparecer’ o ‘asesinar digitalmente’ ilegalmente a cualquiera que haya ingresado legalmente a nuestro país, entonces pueden hacerlo con cualquiera que ya esté legalmente aquí», advirtió.

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