San Salvador.– Las autoridades de El Salvador informaron este martes que en lo que va de 2025 se han incautado más de 22 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor estimado de 545,1 millones de dólares (459,36 millones de euros), en el marco de los operativos de seguridad impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con cifras oficiales, durante los seis años de la actual administración se han decomisado 71,6 toneladas de drogas, cuyo valor en el mercado internacional supera los 1.682 millones de dólares. Este balance confirma el aumento sostenido de los golpes contra estructuras vinculadas al narcotráfico, especialmente en el océano Pacífico, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 9 de septiembre pasado, cuando efectivos de la Marina Nacional de El Salvador localizaron 1,4 toneladas de cocaína flotando en aguas del Pacífico, cargamento valorado en 35 millones de dólares. El hallazgo fue destacado por el propio Bukele a través de su cuenta en X, donde subrayó que con esta operación se refuerza el compromiso del país en la lucha regional contra el narcotráfico.
“Con este nuevo decomiso, ya sumamos 37,2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de 932,4 millones de dólares”, puntualizó el mandatario.
Los datos oficiales confirman que el océano Pacífico sigue siendo el escenario central de los mayores decomisos. Solo en 2024 se incautaron en esas aguas 17,2 toneladas de drogas, de las cuales 16,7 toneladas correspondieron a cocaína, según informó en enero de este año el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
El funcionario detalló que la vigilancia marítima, el uso de tecnología de detección avanzada y la cooperación con organismos internacionales han sido determinantes para interceptar cargamentos antes de que lleguen a tierra firme.
Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele ha hecho de la seguridad y el combate al crimen organizado una de las principales banderas de su gestión. La estrategia, que incluye la militarización de puertos y costas, así como el fortalecimiento de la Fuerza Naval, ha permitido ampliar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico.
El Gobierno salvadoreño también destaca el papel de la Oficina Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), que ha logrado incautaciones terrestres y desarticulado redes de distribución local. Sin embargo, el 70 % de los decomisos de los últimos dos años provienen de operaciones en altamar.
Impacto regional
Expertos en seguridad señalan que los decomisos en El Salvador no solo reflejan el esfuerzo interno, sino también el papel estratégico del país en la geografía del narcotráfico. La franja marítima salvadoreña es utilizada como punto de paso por organizaciones transnacionales, lo que convierte al país en un eslabón crucial en las rutas hacia Estados Unidos y México.
En este contexto, el Gobierno busca consolidar a El Salvador como un socio confiable en la lucha contra el crimen organizado internacional. Las cifras divulgadas, de acuerdo con analistas, son utilizadas también por Bukele como un argumento para reforzar su narrativa de éxito en materia de seguridad, tanto en la lucha contra las pandillas como en la interdicción de drogas.
Con los resultados de este año, el Ejecutivo salvadoreño subraya que ha logrado superar los niveles de incautación registrados en administraciones anteriores, lo que atribuye a una mayor coordinación entre la Marina Nacional, la Fuerza Aérea y la PNC. No obstante, organizaciones de derechos humanos y voces críticas advierten que la estrategia de seguridad debe complementarse con mecanismos de prevención, cooperación judicial y políticas sociales que reduzcan la vulnerabilidad de comunidades costeras frente a las redes de narcotráfico.
En lo que va de 2025, El Salvador se perfila como uno de los países de Centroamérica con mayores decomisos de droga, lo que refleja tanto la magnitud del problema como la intensidad de la respuesta estatal.
