Bogotá.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia manifestó este jueves su preocupación por las consecuencias que puedan tener las restricciones impuestas a la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo por una disidencia de las FARC para acceder a las zonas en las que opera.
El organismo mostró su «profunda preocupación por las posibles consecuencias que se derivarían para la población de una restricción del acceso» de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Defensoría del Pueblo «a las regiones afectadas por el conflicto armado».
«Estas organizaciones contribuyen a la prevención y protección de la población civil. Impedir su accionar limita los derechos de la población civil», agregó la información.
El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, señaló el miércoles en un comunicado que la restricción a los tres organismos «obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad» y añadió que «acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información» de su ubicación, «facilitando operaciones militares» en su contra.
Riesgos por las disidencias en Colombia
Al respecto, la coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar, señaló en un comunicado que «las organizaciones humanitarias se rigen por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia», por lo que «la observancia y el respeto de estos principios son fundamentales para evitar confusiones que puedan derivar en restricciones al acceso».
«Se reitera el llamado a respetar plenamente el espacio humanitario y a garantizar un acceso seguro, oportuno y sin restricciones para todas las instituciones que, en adherencia con estos estándares, trabajan en favor de la población civil», agregó Villar.
El EMC, dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, también acusó a los organismos de filtrar «información sensible desde misiones humanitarias».
La disidencia agregó que «solo mantendrá misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción».
Defensa de su imparcialidad
La MAPP/OEA, por su parte, desmintió «los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor».
«Durante 22 años, la MAPP/OEA ha trabajado de la mano con comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional», subrayó ese organismo en un comunicado.
La Defensoría del Pueblo también lamentó la decisión del EMC porque «limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad».
«Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento», indicó la Defensoría en un comunicado.
Ante lo ocurrido, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, anunció que el Gobierno tomará las «medidas necesarias» para evitar que estos organismos suspendan sus actividades.
