Puerto Príncipe, Haití – Un reciente informe de Naciones Unidas ha encendido todas las alarmas regionales al revelar que el 90% de la capital haitiana, Puerto Príncipe, está bajo el control de bandas armadas, una situación que deja virtualmente fuera de juego al gobierno del país.
Aunque la ONU evitó declarar explícitamente la caída del Estado haitiano, el contenido de su informe —publicado el pasado miércoles 2 de junio— sugiere que el control de las pandillas ha desplazado de facto a las autoridades legítimas en gran parte de la ciudad.
“La presencia del Estado se ve cada vez más amenazada, con un riesgo de colapso total”, advierte el organismo internacional, al tiempo que señala que el gobierno sólo mantiene influencia sobre un 10% del centro urbano de la capital. En el resto del territorio nacional, la situación es aún más incierta y caótica.
Gobierno eclipsado y estructuras paralelas
Los grupos criminales no solo controlan calles y comunidades: han establecido rutas comerciales propias, bloqueado vías legales y creado lo que la ONU denomina “estructuras de gobernanza paralelas”, asumiendo funciones típicamente estatales como la regulación del comercio, la movilidad de personas y la imposición del orden —aunque sea bajo violencia e intimidación.
Para Haití, la situación es catastrófica. Para República Dominicana, representa una amenaza directa.
Un problema que trasciende fronteras
La realidad haitiana deja de ser un asunto interno cuando impacta la estabilidad, economía y seguridad de la República Dominicana. La lógica es clara: si las pandillas dictan lo que ocurre en el 90% de la capital, entonces tienen un dominio casi absoluto, desplazando por completo la capacidad de respuesta del Estado.
Puerto Príncipe, como sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial, es más que una ciudad; es símbolo de soberanía nacional. Su pérdida representa el fin del Estado funcional.
Escenario de alto riesgo para RD
Expertos y autoridades dominicanas advierten que esta situación no puede tomarse a la ligera. El control territorial de las pandillas haitianas podría extenderse hacia zonas cercanas a la frontera, facilitando el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, así como la eventual infiltración de grupos criminales al territorio dominicano.
Ya se reporta que bandas armadas han ocupado la comuna de Caoba, cercana a Elías Piña, lo que ha generado tensión en las comunidades fronterizas de El Carrizal y Comendador.
Migración forzada e impacto social
En medio del caos, violencia, escasez de alimentos y colapso de servicios básicos, la respuesta lógica para muchos haitianos será escapar. La frontera dominicana, con más de 376 kilómetros de extensión, se convierte en la principal vía de salida. Esto podría provocar una estampida migratoria que colapse servicios locales de salud, educación y vivienda.
La presión migratoria irregular ya viene en aumento desde hace años. Pero ante un eventual derrumbe total del Estado haitiano, el flujo migratorio podría convertirse en una emergencia humanitaria de proporciones inéditas.
Economía y seguridad en riesgo
El comercio formal e informal con Haití, vital para cientos de pequeños y medianos productores dominicanos, también se vería gravemente afectado. Los frecuentes bloqueos de rutas por parte de las pandillas paralizan el intercambio comercial y ahogan la economía local en zonas fronterizas.
Además, la percepción internacional de inestabilidad regional podría golpear la inversión extranjera y el turismo, aun cuando los principales polos turísticos dominicanos, como Punta Cana, se encuentren a más de 470 kilómetros de la frontera.
Una amenaza existencial
República Dominicana se enfrenta a una amenaza existencial que exige acción inmediata. La vigilancia, el refuerzo de la seguridad fronteriza y una política exterior activa y firme son más urgentes que nunca.
Este no es un momento para bajar la guardia. La advertencia está hecha. El tiempo de actuar es ahora.
