El Ministerio Público interrogó este lunes a Gregory Adamés, ex empleado y testigo principal en el caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, quien también resultó herido en el colapso que cobró la vida de al menos 235 personas. Adamés presentó evidencias que, según sus abogados, comprometen tanto civil como penalmente a los propietarios del establecimiento.
Acompañado por sus representantes legales, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina, Adamés acudió a la Procuraduría General de la República, donde fue recibido por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la coordinación de Wilson Camacho.
Durante el interrogatorio, Adamés también presentó una querella con constitución en actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E y L, operadora de Club Jet Set.
Entre las pruebas aportadas figura un teléfono móvil que contiene grabaciones y mensajes intercambiados con Antonio Espaillat. En esos registros, Adamés habría advertido sobre el riesgo inminente de colapso del techo, específicamente antes de la fiesta del 8 de abril de 2025, en la que murió el reconocido merenguero Rubby Pérez, junto a más de 200 asistentes.
Pese a la advertencia, según consta en los mensajes, Espaillat ordenó continuar con la realización del evento. Adamés, quien se desempeñaba como coordinador logístico y encargado de reservas, también resultó herido, al igual que otras 180 personas.
Escalada legal alcanza también al Estado
Las acciones judiciales en curso por el caso Jet Set se elevaron este martes a 68, incluyendo denuncias y querellas presentadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Varios de estos recursos también apuntan responsabilidades hacia el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, por supuestas fallas en supervisión y cumplimiento de normas de seguridad.
Entre los cargos presentados figuran homicidio involuntario y negligencia, citando fallos estructurales previos y la instalación de equipo pesado en el techo como elementos clave que habrían provocado el desplome.
Los querellantes insisten en que el Ministerio Público debe proceder sin dilaciones con la apertura formal de la acción penal contra Antonio Espaillat. Critican que, hasta la fecha, no se haya producido ningún interrogatorio ni acción judicial directa en su contra, lo que —advierten— pone en entredicho la credibilidad del sistema de justicia.
