En tiempos en los que la desinformación y la crítica fácil parecen tener más eco que el trabajo silencioso y constante, vale la pena detenerse a observar con objetividad la gestión del alcalde Eduardo Kery en La Romana. A pesar de los cuestionamientos y señalamientos, muchos de ellos sin fundamentos claros ni evidencia concreta, lo cierto es que la actual administración ha asumido el reto de ordenar una ciudad que durante años acumuló deudas, abandono institucional y una profunda desconfianza ciudadana.
Cuando Kery asumió el cargo, recibió un ayuntamiento con severos problemas financieros. Compromisos económicos arrastrados, obras paralizadas, cuentas por pagar y una estructura administrativa cargada y sin modernización. Aún así, su equipo no recurrió al discurso fácil de echar culpas: se enfocaron en trabajar. Se transparentaron las finanzas, se reorganizaron los procesos internos y, sobre todo, se comenzó a establecer una cultura de responsabilidad fiscal, con el difícil objetivo de sanear las cuentas públicas.
El actual momento financiero del cabildo no es, como muchos quieren hacer ver, el resultado de una mala administración, sino el efecto acumulado de décadas de prácticas negligentes. A pesar de esto, se han seguido pagando deudas heredadas, manteniendo la nómina al día y garantizando los servicios básicos, todo esto sin recurrir al clientelismo ni a la improvisación.
¿Es perfecta la gestión? Por supuesto que no. Ningún gobierno municipal puede aspirar a ello. Pero la voluntad de hacer las cosas bien ha estado presente desde el primer día. La limpieza urbana, aunque todavía con desafíos, ha mejorado; se ha avanzado en digitalizar procesos internos, y hay una visión clara de priorizar obras de impacto social cuando el flujo financiero lo permita.
En cuanto a las denuncias que han circulado recientemente, muchas han sido promovidas por sectores que vieron afectadas sus cuotas de poder y privilegios. La transparencia suele incomodar a quienes estaban acostumbrados a manejar recursos públicos sin rendir cuentas. Kery ha demostrado que no está dispuesto a ceder ante presiones de grupos de interés ni a utilizar el presupuesto como herramienta política. Eso, en un entorno político tan contaminado, es un acto de valentía.
El llamado es claro: dejemos que los hechos hablen. La auditoría social es legítima y necesaria, pero debe ser seria, informada y alejada del sensacionalismo. La gestión del alcalde Eduardo Kery merece un análisis justo, más allá de titulares ruidosos o campañas de descrédito. Gobernar con transparencia y firmeza en tiempos difíciles no es fácil; reconocerlo tampoco debería serlo.
