Lima.- Los gremios de transporte público de Perú anunciaron este martes que convocarán a un paro nacional si el Congreso no deroga una ley sobre el crimen organizado que, según diversos expertos y juristas, puede beneficiar a las bandas de delincuentes.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, declaró en la emisora RPP que su gremio acordó no realizar una paro que se había convocado inicialmente para este jueves en Lima.Los transportistas cumplieron el pasado jueves una primera paralización en la capital peruana para exigir seguridad contra la ola de extorsión que sufren, consecuencia de la cual al menos tres personas han sido asesinadas en las últimas semanas.
Tras esa protesta, que contó con gran apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a trece de los 43 distritos de Lima y uno en la provincia vecina de Callao.
La medida otorgó a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control en esas zonas, con apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque medios locales señalan que en los últimos días se ha mantenido la ola de delitos y asesinatos en distintas zonas de la capital.
El Gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley que tipifica como «delito de terrorismo urbano» el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
En ese contexto, Valeriano señaló que «algunos compañeros» de su gremio siguen «preocupados por lo que está sucediendo», pero remarcó que los transportistas han acordado ir a una huelga nacional solo si no se deroga la cuestionada ley contra el crimen organizado.
«La Ley 32108 está perjudicando a todos los ciudadanos en materia de inseguridad, dando pie a las organizaciones criminales. Si el Legislativo hace caso omiso, tomaremos acciones de un paro a nivel nacional», remarcó.
La polémica norma
Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, apoyó la modificación de la polémica ley, aunque tras una reunión informó que no será derogada, sino que la Comisión de Justicia del Congreso deberá analizar la redacción de una nueva propuesta.
La parlamentaria izquierdista Ruth Luque aseguró que la mayoría de bancadas conservadoras rechazó derogar la norma por considerar que «se intenta desprestigiar al Congreso».
A su turno, el legislador conservador José Cueto declaró a periodistas que «lo que se tiene que hacer es una modificación, (porque) la ley ya existe».
«Está vigente y seguirá vigente», enfatizó.
Además, el Congreso decidió que la propuesta del Ejecutivo para establecer la «ley de terrorismo urbano» será debatida en el pleno del próximo jueves.
La llamada ‘ley del crimen organizado’ fue promulgada por el Congreso a inicios de agosto pasado, después de que venciera el plazo para que el Ejecutivo se pronunciara sobre el tema.
La norma especifica que una organización criminal debe ser un grupo con «estructura compleja y desarrollada y mayor capacidad operativa» integrado por tres o más personas que cometan delitos con penas superiores a seis años de cárcel.
Además, obliga a que los allanamientos judiciales solo se puedan realizar con la presencia del investigado y su abogado.
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, afirmó que esto favorece a los criminales, al eliminar la posibilidad de allanamientos sorpresivos, con lo que se afecta las investigaciones sobre delitos graves.
