Tras numerosos intentos fallidos, el Pacto Eléctrico —firmado en 2021— se presentó como un hito para el sector al establecer metas claras a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, cuatro años después, su implementación genera dudas.
El acuerdo contempla más de un centenar de medidas: adecuar gradualmente las tarifas al costo real, focalizar los subsidios, reducir pérdidas en las distribuidoras, impulsar la generación renovable y fortalecer la planificación energética.
“El pacto propuso más de cien medidas en todos los niveles: distribuidoras, ajustes tarifarios, focalización de subsidios, entre otros”, recordó Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Un regreso a la planificación
Veras destacó que una de las primeras exigencias del Pacto fue retomar la planificación estratégica. Desde entonces, la CNE elaboró el Plan Energético Nacional 2022-2036 y una versión actualizada para 2024-2038, actualmente pendiente de aprobación. Esta actualización enfatiza el crecimiento de las energías renovables y la expansión del gas natural.
El plan proyecta la infraestructura necesaria para abastecer la demanda hasta 2038, alineando la oferta con las metas económicas. El Gobierno aspira a duplicar el PIB y la capacidad instalada hacia 2036, lo que implica incorporar miles de megavatios adicionales mediante una matriz más diversificada.
Entre los proyectos clave figuran dos nuevas terminales de gas natural licuado —una segunda en Manzanillo y la ampliación en 60% de la de Boca Chica—, que permitirán sustituir plantas antiguas por ciclos combinados más eficientes.
Renovables con almacenamiento: el cambio crucial
El plan también apuesta por expandir las energías renovables acompañadas de sistemas de almacenamiento, solucionando la intermitencia. “El segundo plan mejora porque ya contempla el almacenamiento de energía. Las renovables sin almacenamiento son imposibles”, afirmó José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la UASD.
La CNE ya proyecta baterías de gran escala y centrales hidroeléctricas de bombeo para almacenar excedentes solares. Según Veras, los precios actuales permiten escenarios viables de integración masiva de baterías.
La meta oficial es alcanzar un 30% de generación renovable para 2030. “Este año cerraremos con un 25%. Una cuarta parte de la energía consumida en el país ya proviene de fuentes renovables”, celebró el funcionario.
Distribuidoras: el talón de Aquiles
Otro eje del pacto es mejorar el desempeño de las distribuidoras. Aunque esta área no compete directamente a la CNE, el Gobierno ha avanzado en la normalización de usuarios mediante medidores inteligentes y en la reducción gradual del subsidio eléctrico.
Se estudia además fortalecer la gestión de las EDE o reintroducir la participación privada bajo mecanismos estrictos de transparencia. Paralelamente crece la generación distribuida: de 3,500 usuarios con paneles solares en 2019 se pasó a más de 22,000 en 2023, aportando cerca del 4% de la demanda nacional.
Avances, rezagos y un reto persistente
Pese a los progresos, el sistema continúa reproduciendo fallas históricas: planes ambiciosos que no se cumplen, retrasos en nuevas plantas, contratos poco favorables y distribuidoras rezagadas.
“Las mismas debilidades de antes siguen presentes”, admitió Moreno. No obstante, cree que existe espacio para un “cauto optimismo”, dada la existencia de un consenso nacional y un plan oficial que se actualiza periódicamente.
Técnicos y autoridades coinciden en la receta: planificación rigurosa, licitaciones transparentes, penalización de incumplimientos, reducción de pérdidas, diversificación y almacenamiento de energía. El desafío es ejecutar sin caer en la complacencia.
Como concluye Moreno, la clave es mirar siempre a 20 años. Solo así la República Dominicana podrá dejar atrás el fantasma de los apagones y consolidar un sistema eléctrico estable y moderno.
