Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el sistema de justicia no puede convertirse en un espacio de dilaciones innecesarias frente al dolor de las víctimas.

La magistrada sostuvo que el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de proteger los derechos de las personas afectadas por el colapso del establecimiento, registrado el 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas y cerca de 180 resultaron heridas.

“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas”, expresó Reynoso, al recordar que el proceso involucra alrededor de 400 víctimas entre fallecidos y lesionados.

Rechaza contraperitaje

La procuradora calificó como “innecesaria y absurda” la solicitud de contraperitaje presentada por la defensa de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, al considerar que la hipótesis de un supuesto explosivo carece de sustento técnico.

Según explicó, el expediente acusatorio establece que la tragedia se produjo por fallas estructurales provocadas por una sobrecarga en el techo de la edificación.

“Someter el proceso a pruebas para detectar explosivos o estudios de suelos sin indicios fácticos solo busca postergar injustificadamente la decisión judicial sobre un evento que era previsible y evitable”, enfatizó.

Hecho previsible y evitable

Reynoso criticó además lo que calificó como una contradicción en la postura de los imputados, señalando que mientras expresan respeto hacia las víctimas mediante comunicados públicos, sus acciones legales estarían orientadas a retrasar el conocimiento del fondo del proceso.

De acuerdo con los informes técnicos presentados por el órgano persecutor, la estructura del local mostraba señales de fatiga mecánica que habrían sido deliberadamente ignoradas por los responsables.

Justicia también para las víctimas

La procuradora aclaró que el debido proceso no constituye un derecho exclusivo de los imputados, sino que también ampara a las víctimas, quienes tienen derecho a una justicia oportuna y efectiva.

Indicó que el Ministerio Público busca evitar que el derecho de defensa sea utilizado como mecanismo para obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia.

Reynoso aseguró que el órgano acusador cuenta con un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los implicados y reiteró que permanecerán vigilantes ante cualquier intento de distorsionar los hechos con teorías alejadas de la evidencia científica.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de agotar todas las acciones necesarias para que las familias afectadas reciban la decisión judicial que esperan desde hace un año.