domingo, abril 21, 2024
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    Legisladores señalan al Ejecutivo por alterar legislación exclusivamente para prolongar el acuerdo de Aerodom

    El Poder Ejecutivo es acusado de adaptar la legislación a sus necesidades con la aprobación de una ley que facilita la renegociación y modificación de contratos. Según algunos legisladores, esto se hizo con la intención de llegar a un nuevo acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Parlamentarios de la oposición consideran «muy conveniente» que, poco después de la promulgación de la ley, se haya realizado la primera modificación de un contrato que aún tenía siete años de vigencia. José Horacio Rodríguez, diputado de Opción Democrática, señaló que durante el debate en el hemiciclo solicitaron información sobre los contratos que el Poder Ejecutivo planeaba modificar, pero nunca recibieron respuesta.

    «En el pasado, mencionamos que estábamos aprobando una ley con cierto desconocimiento, ya que no teníamos información sobre los contratos que se planeaban modificar o actualizar. Deberíamos haber tenido esa información en nuestras manos la semana pasada… parece que esta ley fue diseñada específicamente con ese propósito», declaró.

    Un razonamiento similar fue utilizado por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, quien afirmó que poco después de la aprobación de la ley de concesiones, se realizó la modificación del contrato.

    «Esta modificación beneficiará tanto a él como a los empresarios asociados a él… ya se aprobó la ley de concesión, que al parecer era lo que estaban buscando», comentó el legislador.

    El diputado de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo, también criticó la renegociación del contrato y cuestionó la necesidad de hacerlo en este momento, dado que aún faltan varios años para su vencimiento.

    «Quisiera saber si la privatización del agua de Güibia, por ejemplo, o de las playas de Punta Cana está en la lista de próximas acciones, porque aparentemente no hay otras prioridades. Estamos hablando de un contrato que aún tenía siete años por delante, y ahora lo estamos modificando, otorgándole 30 años adicionales de concesión. ¿Cuál es la urgencia?», cuestionó el diputado.

    SOBRE LA LEY
    La ley que establece medidas regulatorias para los contratos de concesiones anteriores a la Ley núm.340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesión, tiene como objetivo crear la posibilidad de que el gobierno pueda renegociar acuerdos previos que no cumplieron con las regulaciones actuales.

    No obstante, en su artículo 16, se especifica que, aunque el gobierno puede modificar contratos vigentes y renegociar lo establecido, si estos fueron aprobados previamente por el Congreso o afectan de alguna manera al Estado, deben ser nuevamente revisados por el Poder Ejecutivo.

    A pesar de que el presidente Luis Abinader anunció que el contrato sería remitido al Congreso Nacional, hasta el día de hoy miércoles, este aún no ha llegado a ninguna de las cámaras legislativas.

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    El Poder Ejecutivo es acusado de adaptar la legislación a sus necesidades con la aprobación de una ley que facilita la renegociación y modificación de contratos. Según algunos legisladores, esto se hizo con la intención de llegar a un nuevo acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Parlamentarios de la oposición consideran «muy conveniente» que, poco después de la promulgación de la ley, se haya realizado la primera modificación de un contrato que aún tenía siete años de vigencia. José Horacio Rodríguez, diputado de Opción Democrática, señaló que durante el debate en el hemiciclo solicitaron información sobre los contratos que el Poder Ejecutivo planeaba modificar, pero nunca recibieron respuesta.

    «En el pasado, mencionamos que estábamos aprobando una ley con cierto desconocimiento, ya que no teníamos información sobre los contratos que se planeaban modificar o actualizar. Deberíamos haber tenido esa información en nuestras manos la semana pasada… parece que esta ley fue diseñada específicamente con ese propósito», declaró.

    Un razonamiento similar fue utilizado por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, quien afirmó que poco después de la aprobación de la ley de concesiones, se realizó la modificación del contrato.

    «Esta modificación beneficiará tanto a él como a los empresarios asociados a él… ya se aprobó la ley de concesión, que al parecer era lo que estaban buscando», comentó el legislador.

    El diputado de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo, también criticó la renegociación del contrato y cuestionó la necesidad de hacerlo en este momento, dado que aún faltan varios años para su vencimiento.

    «Quisiera saber si la privatización del agua de Güibia, por ejemplo, o de las playas de Punta Cana está en la lista de próximas acciones, porque aparentemente no hay otras prioridades. Estamos hablando de un contrato que aún tenía siete años por delante, y ahora lo estamos modificando, otorgándole 30 años adicionales de concesión. ¿Cuál es la urgencia?», cuestionó el diputado.

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    La ley que establece medidas regulatorias para los contratos de concesiones anteriores a la Ley núm.340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesión, tiene como objetivo crear la posibilidad de que el gobierno pueda renegociar acuerdos previos que no cumplieron con las regulaciones actuales.

    No obstante, en su artículo 16, se especifica que, aunque el gobierno puede modificar contratos vigentes y renegociar lo establecido, si estos fueron aprobados previamente por el Congreso o afectan de alguna manera al Estado, deben ser nuevamente revisados por el Poder Ejecutivo.

    A pesar de que el presidente Luis Abinader anunció que el contrato sería remitido al Congreso Nacional, hasta el día de hoy miércoles, este aún no ha llegado a ninguna de las cámaras legislativas.

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    «En el pasado, mencionamos que estábamos aprobando una ley con cierto desconocimiento, ya que no teníamos información sobre los contratos que se planeaban modificar o actualizar. Deberíamos haber tenido esa información en nuestras manos la semana pasada… parece que esta ley fue diseñada específicamente con ese propósito», declaró.

    Un razonamiento similar fue utilizado por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, quien afirmó que poco después de la aprobación de la ley de concesiones, se realizó la modificación del contrato.

    «Esta modificación beneficiará tanto a él como a los empresarios asociados a él… ya se aprobó la ley de concesión, que al parecer era lo que estaban buscando», comentó el legislador.

    El diputado de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo, también criticó la renegociación del contrato y cuestionó la necesidad de hacerlo en este momento, dado que aún faltan varios años para su vencimiento.

    «Quisiera saber si la privatización del agua de Güibia, por ejemplo, o de las playas de Punta Cana está en la lista de próximas acciones, porque aparentemente no hay otras prioridades. Estamos hablando de un contrato que aún tenía siete años por delante, y ahora lo estamos modificando, otorgándole 30 años adicionales de concesión. ¿Cuál es la urgencia?», cuestionó el diputado.

    SOBRE LA LEY
    La ley que establece medidas regulatorias para los contratos de concesiones anteriores a la Ley núm.340-06, del 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesión, tiene como objetivo crear la posibilidad de que el gobierno pueda renegociar acuerdos previos que no cumplieron con las regulaciones actuales.

    No obstante, en su artículo 16, se especifica que, aunque el gobierno puede modificar contratos vigentes y renegociar lo establecido, si estos fueron aprobados previamente por el Congreso o afectan de alguna manera al Estado, deben ser nuevamente revisados por el Poder Ejecutivo.

    A pesar de que el presidente Luis Abinader anunció que el contrato sería remitido al Congreso Nacional, hasta el día de hoy miércoles, este aún no ha llegado a ninguna de las cámaras legislativas.

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