SANTO DOMINGO. — El comunicador y panelista del programa radial , Máximo Romero Dante, lanzó una dura reprimenda contra la estrategia de persecución penal del Ministerio Público en la investigación sobre la red de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Se). Durante su intervención, Romero sostuvo que el órgano fiscalizador ha demostrado una patente incapacidad para sustentar expedientes complejos y lograr condenas en los tribunales sin recurrir previamente al espectáculo mediático y a la amplificación pública.

Según el comunicador, el despliegue de aparatosos allanamientos y la solicitud uniforme de 18 meses de prisión preventiva contra 25 de los 27 detenidos responden a una táctica de presión ante la falta de pruebas concluyentes en la fase inicial del proceso. En el desarrollo del programa, el panelista expuso sus críticas centrales al accionar de la Procuraduría:

Sobre la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, Romero indicó que: «El Ministerio Público no tiene caso y está buscando un girón, un soplador, una persona que cante ahí. Eso es lo que está buscando el Ministerio Público, buscando meter presión a esos implicados… Si tuviera caso, pide 3 meses de medida y arranca de una vez». Cuestionamiento a los costos operativos y al uso de redes sociales

Romero Dante puso en relieve la desproporción entre los recursos económicos invertidos por el Estado para ejecutar los operativos de la madrugada y los montos que se imputan en esta etapa. Detalló que solo la logística de captura y movilización en los recintos residenciales y centros de trabajo supuso un gasto operativo superior a los 15 millones de pesos.

Asimismo, el comunicador reprochó que titulares de la persecución penal, como el fiscal Wilson Camacho, publiquen mensajes y emojis en la red social X (anteriormente Twitter) anunciando nuevas fases del caso («3.0», «fuegos», «ambulancias»). A su juicio, estas publicaciones reducen la solemnidad del proceso penal a una dinámica de búsqueda de notoriedad pública e intimación previa. «Han pasado 6 años y todos los casos se le están escurriendo entre las manos al Ministerio Público como la arena del mar o como el agua en las manos… Lo que necesitamos es condenas. Todos los casos tienen más de 4 años y todavía no se ve un desenlace».. agregó.

El debate sobre el arraigo y la presunción de inocencia

El análisis en subrayó además que la mayoría de los profesionales de la salud y exempleados imputados fueron detenidos en sus hogares o puestos de trabajo sin mostrar indicios de fuga u obstrucción a la justicia.

En ese sentido, Romero concluyó que imponer la prisión preventiva como regla general para la totalidad de los acusados distorsiona el espíritu del Código Procesal Penal y erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia, el cual termina aplicando condenas sociales anticipadas que no siempre se sostienen en los juicios de fondo.