Santo Domingo.— El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados en el proceso que investiga una presunta estafa millonaria en perjuicio del Estado dominicano.
La solicitud fue depositada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz. El expediente será remitido al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, quien deberá notificar a las defensas de los imputados y a los abogados que representan al Estado dominicano, además de fijar una audiencia para conocer la petición de prórroga.
¿Quiénes están imputados?
Además de Santiago Hazim, figuran en el proceso Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple arresto domiciliario.
También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario.
Según el Ministerio Público, estos últimos habían admitido ante el tribunal el pago de sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que habría sido tomada en cuenta para variar la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario. Investigación supera los RD$19 mil millones
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados estarían vinculados a una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones, monto que, según investigaciones posteriores citadas por el órgano persecutor, habría aumentado a más de RD$19,000 millones.
La investigación establece, según el Ministerio Público, que la presunta red habría operado entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen, entre otros, los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público reiteró que la investigación permanece abierta y que, además de las personas actualmente sometidas al proceso, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación.
La eventual presentación de la acusación formal dependerá de que el tribunal acoja la solicitud de prórroga planteada por el órgano persecutor.
