República Dominicana ha tomado prestados al menos 2,000 millones de dólares en los últimos siete años para enfrentar los desafíos del tránsito y la movilidad urbana, especialmente en las principales ciudades del país. Los recursos han sido canalizados a través de distintos acuerdos de financiamiento destinados tanto a reformas institucionales como a la construcción de grandes obras de infraestructura vial y de transporte masivo.

El primer acuerdo fue suscrito en diciembre de 2019 durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Se trató de un préstamo de 250 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), condicionado al cumplimiento de una serie de reformas establecidas en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Entre los requisitos exigidos por el organismo internacional figuraban la puesta en funcionamiento del Observatorio de Seguridad Vial, la creación de unidades especializadas para la investigación de accidentes bajo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el fortalecimiento institucional del Intrant y la formalización de operadores del transporte público. El financiamiento contempla pagos semestrales hasta el año 2039.

Posteriormente, en octubre de 2020, ya bajo la administración del presidente Luis Abinader, el Estado dominicano obtuvo otros 250 millones de dólares de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Este préstamo fue destinado a cofinanciar el mismo programa respaldado por el BID, enfocado en la modernización de la movilidad urbana, el transporte terrestre y la seguridad vial.

El convenio con la AFD estableció una tasa fija de 2.80 % anual, considerada favorable frente al escenario de alzas globales de tasas de interés registrado tras la pandemia. Los pagos se extenderán desde marzo de 2025 hasta septiembre de 2039.

La segunda fase del programa llegó en octubre de 2022 con un nuevo préstamo del BID por 200 millones de dólares. En esta ocasión, las condiciones incluyeron la implementación de acciones contempladas en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, la aprobación de un reglamento de transporte escolar con criterios de accesibilidad e inclusión, así como avances en materia de electromovilidad.

A diferencia de los acuerdos anteriores, el cuarto financiamiento estuvo destinado directamente a la ejecución de obras. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de 250 millones de dólares para la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, proyecto que conectará la zona oeste de la capital con la red existente de transporte ferroviario.

El contrato establece un plazo de pago de 20 años a partir del primer desembolso, con cinco años de gracia. La tasa de interés está vinculada al comportamiento del mercado internacional mediante la referencia SOFR más 268 puntos básicos.

El financiamiento de mayor magnitud fue firmado en julio de 2024 para la construcción del Monorriel de Santiago. El acuerdo involucra a BNP Paribas y Citibank, con el respaldo del gobierno francés a través de Bpifrance, por un monto de 464.9 millones de euros, equivalentes a unos 510 millones de dólares.

La obra contempla la construcción de 13 kilómetros de vía y 14 estaciones, con capacidad para movilizar hasta 20,000 pasajeros por hora en los períodos de mayor demanda. El proyecto es liderado por la empresa francesa Alstom Transport, que posee el 73 % del consorcio constructor. El financiamiento cuenta con una tasa fija de 3.78 % anual garantizada por el gobierno francés.

Estos préstamos reflejan la apuesta del Estado dominicano por mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y fortalecer la seguridad vial, aunque también representan compromisos financieros de largo plazo que deberán ser asumidos por las futuras generaciones.