Nueva York.- El reciente arresto de ICE en Nueva York de un ciudadano guatemalteco que acudió a una oficina policial para denunciar delitos ha generado una nueva controversia sobre la cooperación entre autoridades locales y federales.
Julio Ipina Hernández, de 34 años, contactó a la oficina del sheriff del condado de Putnam para ofrecer información sobre casos de abuso sexual y narcotráfico. Sin embargo, al asistir a la cita acordada para el 6 de enero de 2026, agentes federales procedieron con el arresto de ICE en Nueva York, bajo el argumento de su situación migratoria irregular.
La defensa legal de Ipina Hernández sostiene que existió una coordinación previa entre los investigadores locales y los agentes federales para facilitar la detención. Según los documentos presentados ante el tribunal, el abogado afirma que la reunión fue utilizada como una estrategia para ejecutar el arresto de ICE en Nueva York en lugar de procesar la denuncia ciudadana.
Por su parte, la oficina del sheriff rechazó las acusaciones de colusión. Voceros de la institución indicaron que el investigador actuó bajo los protocolos correspondientes y negaron cualquier plan orquestado para el arresto de ICE en Nueva York. Tras permanecer dos meses en prisión, un juez federal ordenó la liberación del inmigrante al determinar que no existían bases para una detención obligatoria.
Este incidente de arresto de ICE en Nueva York ocurre en medio de debates legislativos sobre la ley «New York for All». Esta propuesta busca restringir la comunicación entre la policía local y las agencias de inmigración para evitar que situaciones similares disuadan a la población de reportar actividades criminales por temor a su estatus migratorio.
El caso refuerza la discusión sobre los límites de la colaboración institucional y el impacto que el arresto de ICE en Nueva York tiene en la confianza de las comunidades inmigrantes hacia los cuerpos de seguridad del estado.
