El 8 de abril de 2025 quedó grabado como una de las fechas más dolorosas en la historia reciente de la República Dominicana, cuando el colapso del techo de la discoteca Jet Set cambió para siempre la vida de cientos de familias, sin distinción social, económica o profesional.

Empresarios, comunicadores, artistas y expeloteros compartían aquella madrugada en el reconocido centro nocturno. A las 12:44 de la madrugada ocurrió el desplome que dejó un saldo final de 236 fallecidos, convirtiéndose en una tragedia nacional.

Entre los sobrevivientes se encuentra el diputado Carlos Gil, quien logró salir con vida junto a su esposa, aunque sufrió la pérdida de Julio César Valera, colaborador que lo acompañaba esa noche y que figura entre las víctimas mortales.

A un año del hecho, el legislador asegura sentirse agradecido por haber sobrevivido, pero sostiene que aún persiste una deuda de justicia con las víctimas y sus familiares. Durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, cuestionó que, tras 365 días, los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, no hayan recibido una condena ejemplar.

Gil manifestó que la tragedia dejó niños en condición de orfandad y familias desprotegidas, señalando que el Estado debe actuar con mayor firmeza frente al proceso judicial.

El congresista considera que el desplome fue consecuencia de la negligencia de los propietarios, alegando que existían señales evidentes del deterioro estructural del techo, incluyendo filtraciones de agua y caída de arena durante actividades previas, sin que se adoptaran medidas correctivas.

Tres meses después del suceso, el legislador reapareció en el Congreso Nacional utilizando muletas, aún afectado por las lesiones sufridas tras quedar atrapado entre los escombros.

Durante su intervención en el hemiciclo, insistió en la responsabilidad del Estado de acompañar a los familiares de las víctimas y garantizar compensaciones dignas.

“Como Estado, tenemos que darle respuesta a cada una de esas familias. No vamos a recuperar la vida de quienes murieron, pero sí debemos indemnizar dignamente a quienes perdieron a sus seres queridos”, expresó ante sus colegas diputados.

Avanza el proceso judicial

En el ámbito legal, el Ministerio Público presentó formalmente la querella ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acusando a los hermanos Espaillat de actuar con negligencia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos al realizar modificaciones estructurales sin las licencias correspondientes.

El juez Raymundo Mejía fijó para el próximo 20 de abril la comparecencia de las partes en la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de la fase preliminar del proceso.

El órgano acusador solicita condenas por homicidio involuntario, así como por heridas y golpes causados de manera involuntaria, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El artículo 319 establece penas de prisión correccional de tres meses a dos años y multas económicas para quienes, por imprudencia o negligencia, ocasionen la muerte de una persona. Mientras, el artículo 320 prevé sanciones de seis días a dos meses de prisión cuando las acciones imprudentes provoquen golpes o heridas.

No obstante, la legislación penal vigente no permite el cúmulo de penas, lo que implica que los imputados solo podrían recibir una única condena, independientemente de la cantidad de víctimas involucradas en el caso.

A un año de la tragedia, familiares, sobrevivientes y sectores sociales continúan reclamando justicia, reparación y garantías de que una tragedia similar no vuelva a repetirse en el país.