Santo Domingo.– “Hace un año, vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos, compungidos, con respeto y dignidad, a quienes partieron”. Con estas palabras inicia un comunicado firmado por la familia Espaillat, propietaria de Inversiones E y L SRL, en representación de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al cumplirse el primer aniversario del colapso de la discoteca Jet Set.

La madrugada del 8 de abril de 2025 quedó marcada como una de las fechas más trágicas para la sociedad dominicana. Mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una de las tradicionales fiestas de los lunes, el techo del centro de diversión se desplomó, provocando la muerte de 236 personas y dejando alrededor de 180 heridos, varios con secuelas permanentes.

Doce meses después, el recuerdo del caos, los gritos, la oscuridad y las decenas de personas atrapadas entre los escombros permanece vivo en la memoria colectiva, así como el dolor de familiares y allegados de las víctimas. Entre los fallecidos figuraron personalidades reconocidas, incluido el propio Rubby Pérez, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, el banquero Eduardo Grullón junto a su esposa Joanna, su hermana Alexandra Grullón y su esposo Eduardo Guarionex Estrella, así como Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi.

Proceso judicial avanza hacia juicio

En el plano judicial, el Ministerio Público solicitó recientemente el auto de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario tras la lectura resumida de la acusación.

Los fiscales pidieron al juez Reymundo Mejía Zorrilla mantener las medidas de coerción impuestas a los propietarios del establecimiento, además de la inmovilización de productos bancarios y bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de garantizar eventuales compensaciones a favor de las víctimas y actores civiles del proceso.

Las medidas de coerción, dictadas en junio de 2025 por la jueza Fátima Veloz, incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para ambos imputados.

La audiencia fue recesada hasta el próximo 20 de abril, a fin de permitir que terceros civilmente demandados y nuevos querellantes conozcan formalmente la acusación presentada por el Ministerio Público.

Durante la exposición de los hechos, el fiscal Miguel Collado sostuvo que la “conducta negligente e imprudente” de Antonio Espaillat habría contribuido al colapso del techo al contratar personal no especializado para corregir filtraciones estructurales.

Por su parte, el abogado defensor Miguel Valerio ha señalado que la acusación se sustenta en homicidio involuntario debido a que, según afirma, “nadie quería que eso ocurriera”, insistiendo en que no existió intención criminal.

Nuevo peritaje técnico independiente

A casi un año de la tragedia, el juez Mejía Zorrilla ordenó mediante el Auto 057-2026 la realización de un nuevo peritaje técnico independiente, acogiendo una solicitud presentada por la defensa desde agosto pasado.

El estudio examinará materiales estructurales, procesos de deterioro y posibles factores externos que pudieron incidir en el desplome. El tribunal estableció un plazo de 30 días hábiles para su ejecución, garantizando el derecho de defensa sin generar dilaciones indebidas.

“No les puedo negar el derecho de defensa a ellos (…) como tampoco se lo voy a negar a la víctima”, expresó el magistrado al justificar su decisión.

Previamente, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) había concluido, mediante un informe entregado a la Procuraduría General de la República, que el colapso fue provocado por una sobrecarga estructural que superó la capacidad de las vigas, agravada por ampliaciones posteriores y acumulación de peso no contemplado en el diseño original.

Mientras tanto, los propietarios mantienen su oposición a cualquier demolición, modificación o remoción de elementos estructurales del local, actualmente incautado por las autoridades.

Resarcimiento y acuerdos con víctimas

En enero de 2026, la familia Espaillat informó que, aun sin existir una sentencia definitiva, había indemnizado al 70 % de los afectados por la tragedia y que desarrolla programas de apoyo para niños y niñas que quedaron huérfanos, a través de la Fundación Raíces de Esperanza.

“La dimensión de lo ocurrido nos ha marcado profundamente. Nada devuelve lo perdido, pero hemos procurado acompañar y responder con hechos”, expresaron Antonio y Maribel Espaillat en un comunicado difundido en ese momento.

Hasta el 31 de marzo, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha registrado 100 desistimientos de familiares de fallecidos y 85 correspondientes a personas lesionadas.

A un año del colapso del Jet Set, el país continúa dividido entre el duelo colectivo y la búsqueda de justicia, mientras el proceso judicial avanza con la expectativa de esclarecer responsabilidades y ofrecer respuestas definitivas a una tragedia que marcó a toda la nación.