La familia de Alberto Gutiérrez Reyes, un migrante mexicano que falleció mientras se encontraba bajo custodia migratoria en California, reclama al Gobierno de Estados Unidos aclaraciones sobre las circunstancias de su muerte, al denunciar que el detenido había solicitado atención médica sin recibirla oportunamente.

Su esposa, Patricia Martínez, relató a EFE que Gutiérrez Reyes pidió asistencia médica antes de morir, pero asegura que su solicitud fue ignorada. “Lo trataron peor que a un animal, no lo ayudaron”, expresó al recordar los últimos días de vida del hombre, quien falleció la madrugada del 27 de febrero.

De acuerdo con Martínez, el migrante, de 48 años, se encontraba recluido en el Centro de Detención de Adelanto, en California. La pareja mantenía comunicación casi todas las noches, lo que le permitió notar el progresivo deterioro de su salud.

Una semana antes de su fallecimiento, Gutiérrez Reyes le comentó que padecía fiebre, dolor en el pecho y tos. Aunque ella le insistió en que buscara ayuda médica, él le aseguró que ya había llenado formularios y reportado su estado de salud a las autoridades del centro, pero que no recibió atención.

“Yo le pedía que insistiera en ver a un médico. Él me decía que ya había avisado que estaba enfermo, pero que no le hacían caso”, relató Martínez, visiblemente afectada.

La familia comenzó a preocuparse cuando el hombre dejó de comunicarse al día siguiente, algo inusual en su rutina. Posteriormente recibieron la noticia de su fallecimiento a través del Consulado de México en San Bernardino, California. “No pudimos despedirnos”, lamentó su esposa.

En un comunicado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el 25 de febrero Gutiérrez Reyes reportó sentirse débil. Según la agencia, un profesional médico del centro ordenó su traslado a un hospital, donde fue ingresado con dolor en el pecho y dificultades para respirar.

El caso se suma a una serie de muertes de extranjeros bajo custodia migratoria en Estados Unidos, que ya suman once en lo que va de 2026, lo que ha reavivado las preocupaciones sobre las condiciones de detención y la atención médica en estos centros.