Redadas, deportaciones, la construcción del muro fronterizo, la aplicación de protocolos en hospitales públicos y las críticas desde sectores internacionales han colocado a la República Dominicana bajo un constante escrutinio por la política de mano dura contra la migración haitiana irregular impulsada por el presidente Luis Abinader.

En ese contexto, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Morel Diplán, llamó a encontrar un equilibrio entre el respeto a las leyes migratorias, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la dignidad humana.

Durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul y el subdirector Fabio Cabral, Morel Diplán recordó que incluso desde la comunidad internacional se ha reconocido el límite de las capacidades del país frente a la crisis haitiana.

“A nivel del Estado, la embajadora de Estados Unidos en el país fue muy clara al decir que la República Dominicana no puede hacerse cargo de la realidad del pueblo haitiano”, expresó.

El prelado explicó que, desde hace años, la Iglesia católica mantiene un acompañamiento pastoral a los haitianos que ya residen en territorio dominicano, como una expresión de caridad y respeto.

“Como Iglesia hemos sostenido una pastoral haitiana para acompañar a quienes están aquí. Hay que acogerlos, porque tampoco podemos estar persiguiendo a nadie”, afirmó, al tiempo que subrayó que esa labor se realiza desde el cariño y la práctica de la caridad cristiana.

No obstante, Morel Diplán fue enfático en señalar que las leyes migratorias deben ser respetadas, especialmente en el caso de las personas indocumentadas.

“Las leyes migratorias tenemos que respetarlas”, sostuvo, al relatar su experiencia personal como extranjero en Italia, donde debía renovar anualmente su permiso de residencia bajo normas estrictas.

El arzobispo consideró que el principal problema no radica en la aplicación de la ley, sino en la forma en que en ocasiones se ejecuta. En ese sentido, advirtió sobre excesos registrados durante algunos operativos migratorios.

“Hubo momentos de persecución, de ataque y de maltrato, y eso no es lo correcto”, afirmó, al insistir en que los procesos de deportación deben cumplir protocolos que garanticen la dignidad humana de las personas afectadas.

Esa preocupación la extendió también al trato recibido por haitianos en hospitales públicos, especialmente por mujeres parturientas, quienes —según indicó— en ocasiones enfrentan discriminación por su color de piel o por el idioma.

Morel Diplán se refirió al protocolo anunciado por el Gobierno en abril de 2025 para los centros de salud públicos, que exige a parturientas haitianas presentar identificación, carta de trabajo y otros documentos. Aunque reconoció que la medida fue rígida en sus inicios, señaló que con el tiempo se han realizado ajustes.

“Gracias a Dios ha habido cierta flexibilidad, pero el protocolo que se hizo público al principio fue un poquito rígido”, comentó.

El arzobispo también reconoció la existencia de prácticas ilegales que el Estado debe controlar, como redes dedicadas al traslado de mujeres haitianas embarazadas para dar a luz en el país.

“Había una mafia de personas trasladando haitianas embarazadas para que vinieran a parir aquí. Como país tenemos que mantener el orden y el equilibrio”, afirmó.

Finalmente, Morel Diplán sostuvo que, ante la grave crisis de seguridad e inestabilidad que vive Haití, donde bandas armadas controlan gran parte de Puerto Príncipe, el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de su población.

“Tenemos que mantener la seguridad del pueblo dominicano. Eso hay que garantizarlo”, indicó, al reiterar que la cooperación y la ayuda al pueblo haitiano deben darse en la medida de lo posible, siempre respetando las leyes migratorias y, sobre todo, la dignidad humana.