Santo Domingo.– Un grupo de exempleados de la influencer y empresaria Mami Jordan, cuyo nombre real es Mary Esther Rodríguez Espinal, interpuso una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas irregularidades laborales y la comisión de delitos graves durante el tiempo que mantuvieron relación de trabajo.
De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, los denunciantes acusan a la también figura mediática de amenazas de muerte, abuso de poder, incitación al consumo de sustancias ilícitas, así como otros alegatos relacionados con supuestos maltratos, difamación pública, presiones laborales y despidos injustificados.
Las denuncias estarían vinculadas a su más reciente emprendimiento gastronómico, un negocio de pica pollo inaugurado hace pocas semanas, el cual ya ha generado controversias por conflictos laborales con parte de su personal.
El caso se viralizó en redes sociales a finales de enero y principios de febrero de 2026, a través de publicaciones en plataformas como Instagram y X, donde se replica un mismo texto que asegura que “un grupo de exempleados demandaron desde la Procuraduría General de la República a ‘Mami Jordan’ por diferentes razones, entre estas amenazas de muerte, abuso de poder e incitación al consumo de sustancias ilícitas, entre otras quejas”.
Mami Jordan, quien ha enfrentado procesos judiciales en años anteriores —incluida prisión preventiva en 2022 por violación al Código del Menor y querellas por difamación— no ha ofrecido una respuesta oficial detallada sobre estas nuevas acusaciones, según los reportes consultados. En publicaciones recientes en sus redes sociales, la influencer ha denunciado otros hechos, como un presunto abuso policial en su establecimiento, donde agentes habrían solicitado sobornos y lanzado bombas lacrimógenas tras su negativa.
Este nuevo episodio se suma a las controversias recurrentes que han rodeado a la figura pública, conocida por su alta exposición en redes sociales y sus emprendimientos comerciales. Especialistas en derecho laboral, citados en comentarios difundidos en plataformas digitales, señalan que de confirmarse irregularidades como la falta de cotizaciones a la seguridad social o despidos sin causa justificada, el caso podría derivar en demandas adicionales en la jurisdicción laboral.
