El Presupuesto General del Estado para 2026 asciende a RD$1.84 billones y se apoya de manera decisiva en los ingresos extraordinarios del sector minero, particularmente en la explotación de oro, como mecanismo para equilibrar la inversión social con la sostenibilidad fiscal.

La principal contribución proviene de la provincia Sánchez Ramírez, donde opera la mina de Pueblo Viejo, administrada por Barrick Gold. De acuerdo con las proyecciones oficiales, esta operación aportará al Estado unos US$475.5 millones en 2026, equivalentes a aproximadamente RD$31,151 millones, recursos clave para mantener el déficit fiscal en 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Estos ingresos permiten al Gobierno sostener programas sociales y proyectos de inversión sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento ni a recortes en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura.

La captación fiscal minera se realiza a través de un esquema tributario que incluye regalías por Retorno Neto de Fundición (3.2 %), el Impuesto Sobre la Renta corporativo y la Participación de las Utilidades Netas, mediante la cual el Estado recibe el 28.75 % de las ganancias una vez recuperada la inversión inicial. Además, el contrato contempla un impuesto mínimo anual que garantiza ingresos aun en escenarios adversos.

Economistas advierten que las proyecciones podrían resultar conservadoras, ya que el presupuesto se calculó con un precio promedio del oro de US$3,467.80 por onza, mientras que en los mercados internacionales ha superado los US$4,000. Bajo este escenario, el aporte final de Pueblo Viejo podría rondar los US$550 millones.

Los recursos de la minería financian el 46 % del gasto público destinado a servicios sociales, así como una inversión pública superior a RD$215,000 millones en transporte masivo, agua potable, saneamiento, vivienda y seguridad ciudadana.

A mediano y largo plazo, el Gobierno observa con interés el potencial de nuevos proyectos mineros como Romero y Candelones, en la Cordillera Central, los cuales podrían diversificar y ampliar la base de ingresos fiscales si se desarrollan bajo criterios de minería responsable y sostenibilidad ambiental.

Autoridades y analistas coinciden en que la minería se ha consolidado como un pilar estratégico del financiamiento público, capaz de fortalecer la inversión social y contribuir al desarrollo nacional, siempre que se mantenga un equilibrio entre rentabilidad económica, protección ambiental y beneficios tangibles para las comunidades.