Los niños jugaban mientras sus padres charlaban en el parque. «¡Papi, mira qué chévere!», dijo el más grande dando vueltas en su triciclo. Cuando les pregunté si eran venezolanos, ella apretó los labios, él negó con la cabeza y juntos me miraron con espanto.
Me acerqué a ellos para saber qué pensaban sobre la amenaza de ataques militares estadounidenses contra Venezuela. Estábamos en Doral, la ciudad del sur de Florida que alberga a la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos.
Pero preguntarles por su nacionalidad podía interpretarse como si los estuviera señalando, en medio de las redadas de deportación del gobierno de Donald Trump y las amenazas de revisar los permisos de residencia de los migrantes que viven en EE.UU.
El hombre se levantó de un salto, alzó al niño por la cintura y el triciclo quedó tumbado en el suelo. Ella se apresuró a recoger los juguetes de la más pequeña.
Meses atrás, a mediados de año, entrevisté a una decena de venezolanos que vivían en Doral. Todos habían pedido anonimato por temor a las autoridades migratorias, luego de que el gobierno de Trump eliminara mecanismos que protegían de la deportación a más de un millón de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades.En las últimas semanas, el foco de la Casa Blanca se ha centrado todavía más en Venezuela.
Como parte de lo que el gobierno de Trump describe como una ofensiva contra el narcotráfico, Estados Unidos movilizó en el mar Caribe a 15.000 efectivos y varios buques de guerra, entre ellos el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.
La Casa Blanca también ofrece una recompensa de US$50 millones por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles.
