Santo Domingo — Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “Francis” o “El Compadre”, registra un retraso de 570 días en la entrega de su declaración jurada de bienes tras cesar en el cargo de regidor del municipio de Boca Chica (2020–2024), según consta en los reportes de control de la Cámara de Cuentas. En su salida del cabildo no presentó los comprobantes de los bienes declarados, requisito establecido por la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio.
Paulino Castro, que asumió la regiduría en 2020, figura en la base de datos de la Cámara de Cuentas con una declaración de ingreso (24 de abril de 2020) y constancias que indican presentación extemporánea y observada de la documentación. En su declaración de entrada consignó, entre otros activos, un solar adquirido en 2013 valuado en RD$750,000 y varias cuentas de ahorro en bancos locales.
En los documentos públicos consultados figura además que, al momento de su inscripción, declaró la condición de “estudiante” y estar en unión libre; especificó un conjunto de cuentas de ahorro por un total en pesos que ascendía a RD$351,612.50 y una cuenta en dólares con 219.8 (la cifra en la fuente original aparece sin especificar la moneda de manera clara). También consignó un vehículo Honda CR-V 2017 que, según la declaración, estaba a nombre de su pareja y una póliza de seguro por un millón de pesos. (Datos tomados de la declaración jurada depositada ante la Cámara de Cuentas).
De acuerdo con la nómina municipal citada en la documentación, Paulino Castro devengaba un salario bruto como regidor de RD$60,000 mensuales (RD$52,967.35 netos con descuentos), y además reportó percibir del ayuntamiento RD$19,000 mensuales por concepto de “combustible y medicamentos”. En su declaración aseguró gastar mensualmente en alimentación RD$20,000 y en educación RD$7,500.
Paralelamente, el Ministerio Público y la DNCD lo incluyen entre los 16 imputados de la red desmantelada en la denominada “Operación Kraken”, en la que fueron arrestados empleados y contratados del Puerto Multimodal Caucedo y otras personas señaladas por lavado de activos y tráfico de drogas. La solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía afirma que Paulino Castro es “propietario de varios terrenos rurales” que están siendo evaluados para determinar si su adquisición está vinculada a actividades ilícitas.
En la petición de coerción el Ministerio Público sostiene que los patrones financieros detectados en las pesquisas “resultan incoherentes con la actividad económica lícita declarada” y apuntan a indicios de estructuras financieras propias de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos. El expediente además lo vincula —según la Fiscalía— con coordinación de envíos de grandes cantidades de drogas a través de Caucedo y con la sustracción (“tumbe”) de estupefacientes atribuida a una organización identificada en la investigación como “Los Fantasmas”.
Fuentes periodísticas han informado que Paulino Castro fue detenido junto a otras 15 personas como parte del operativo en el que participaron fiscales y agentes de la DNCD; el caso sigue en fase de investigación y la Fiscalía ha anunciado que solicitará medidas de coerción a los implicados. Las autoridades también han señalado que el exregidor ha sido objeto de pesquisas previas por distintos organismos de seguridad del Estado.
Además, verificaciones realizadas por la prensa indican que Paulino Castro figura como empleado del Programa Supérate desde julio de este año y que percibe allí un salario bruto distinto al que reportó como regidor; esa circunstancia ha generado cuestionamientos sobre controles de personal y la presencia de personas bajo investigación en nóminas públicas.
Hasta el momento los abogados defensores y los imputados no han ofrecido declaraciones públicas extensas sobre las imputaciones; en los medios locales dirigentes políticos han pedido que se permita el curso de la investigación y el respeto al debido proceso, al tiempo que reclamaron mayores mecanismos de depuración en instituciones públicas para evitar la infiltración de redes ilícitas.
— Datos clave: presentación extemporánea y observada de la declaración jurada ante la Cámara de Cuentas; bienes declarados (solar, cuentas y vehículo); salario municipal y complementos; su vinculación en la Operación Kraken por el Ministerio Público; la investigación continúa y la Fiscalía solicitó medidas de coerció
