Las autoridades indican que entre el 2012 y los primeros meses de este 2025 se distribuyeron sobornos a los servidores de esas instituciones que laboraran, o estuvieran relacionados, con las áreas de contrataciones adjudicadas y la supervisión de la recepción de los servicios brindados
La empresa de seguridad privada Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) habría pagado más de RD$108 millones en sobornos a funcionarios de varias instituciones estatales, con el objetivo de asegurar contratos públicos de vigilancia, según una extensa solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El expediente, que consta de 450 páginas y recoge testimonios, documentos y pruebas materiales, revela que la red de corrupción operó desde 2012 hasta inicios de 2025, infiltrando entidades clave como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste.
“Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos”, señala el documento judicial.
Los investigadores establecen que Senase entregaba entre el 5 % y el 10 % del valor de cada factura estatal a empleados públicos vinculados a los procesos de contratación y supervisión. Estos sobornos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.
El Ministerio Público sostiene que los funcionarios implicados, responsables de garantizar la calidad de los servicios contratados, facilitaban la ejecución de los contratos sin objeciones, permitiendo irregularidades y omitiendo controles a cambio de pagos ilegales.
“El esquema de sobornos subordinó completamente los sistemas de control y supervisión”, indica el expediente, que describe cómo se manipulaban todas las fases de contratación: desde la redacción de pliegos de condiciones hasta la adjudicación, ejecución y renovación de los contratos.
Los pagos eran exigidos por distintos funcionarios, directa o indirectamente, y entregados incluso a través de intermediarios, lo que revela un entramado estructurado y persistente.
Imputados
Entre los acusados figuran altos oficiales militares y civiles, incluyendo al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército.
También están involucrados el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel policial Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Medidas judiciales
El conocimiento de las medidas de coerción fue aplazado para el lunes a las 2:00 de la tarde por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y que se imponga prisión preventiva a todos los imputados.
