En los últimos meses, diversos agentes de la Policía Nacional han estado en el centro de múltiples investigaciones por su presunta implicación en graves delitos, generando preocupación en la ciudadanía y cuestionamientos sobre la integridad de la institución encargada de garantizar el orden público y la seguridad nacional.
Los casos se han acumulado con rapidez. A principios de junio, dos policías fueron detenidos por su vinculación con un asalto a mano armada perpetrado contra otro miembro de la misma institución en el sector La Caleta, Boca Chica. Meses antes, en marzo, el sargento Samiel del Rosario Esteban, de 33 años, y el cabo Maicol Pérez Cuevas, de 31, fueron apresados durante un operativo realizado en el sector Canastica, en San Cristóbal.
Durante ese procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 mm sin documentación legal, dos paquetes de una sustancia blanca presumiblemente cocaína, así como una cantidad considerable de dinero en efectivo. En la acción también fueron arrestados un civil y un integrante del Ejército.
A estos hechos se suman los nombres de dos policías que actualmente figuran como prófugos en la lista oficial de la institución: el sargento mayor Ángel Manuel Feliz Vargas, de 40 años, y Osvaldo Francisco López Santana, alias “Luni”. Feliz Vargas es señalado como sospechoso del asesinato del también agente Ramón Antonio Cabrera Ferrer, ocurrido en el sector María Auxiliadora, mientras la víctima se encontraba en su vehículo.
Por su parte, Osvaldo Francisco López está acusado de violar la Ley 631-16 sobre armas, además de ser responsabilizado por el homicidio de Marcial Frías Díaz, quien recibió varios impactos de bala en Hainamosa, Santo Domingo Este, según denunció su hermana Marcia Frías.
Redes criminales infiltradas
La gravedad de los hechos no termina ahí. El pasado martes, un tribunal de Hato Mayor dictó una condena de 20 años de prisión contra el primer teniente Elvis Esnaider Romero y el cabo Harold Aracena, quienes, junto a tres civiles, integraban una estructura delictiva dedicada al secuestro, la extorsión y la usurpación de funciones públicas.
Según consta en el expediente, a finales de 2023, el grupo simuló ser parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y realizó un falso allanamiento en una vivienda del distrito municipal Las Cañitas, de donde sacaron a un ciudadano esposado con intención de trasladarlo a Santo Domingo Este. Sin embargo, fueron interceptados y arrestados en flagrante delito en la carretera que une El Valle con Hato Mayor.
Otro hecho reciente involucró a Marcial Alcibíades Feliz Martínez, de 24 años, y Jonathan Isabel Rodríguez, de 27, quienes, vestidos con uniformes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), interceptaron y despojaron de su arma de reglamento al raso Ramón Claudio Saúl Alfredo, en presencia de su esposa y su hermano.
En el vehículo donde se transportaban los implicados se encontraron armas de fuego, incluyendo dos pistolas calibre 9 mm, un fusil sin numeración, más de un centenar de cápsulas, cargadores, celulares y otros objetos comprometedores.
Crisis de confianza
El cúmulo de hechos delictivos protagonizados por miembros activos y exintegrantes de la Policía Nacional ha provocado un severo daño a la credibilidad de la institución, en momentos en que la ciudadanía exige una reforma profunda, transparencia y depuración urgente en sus filas.
