Santo Domingo, R.D. – En un paso significativo hacia la modernización y la protección de los derechos ciudadanos, una importante propuesta legislativa ha sido presentada ante la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca establecer un sistema de registro digital para las personas detenidas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, con el firme propósito de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
El artífice de este proyecto de ley es el diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Sánchez Quezada. Su propuesta responde a una necesidad palpable en la sociedad dominicana: la incertidumbre que muchas familias enfrentan cuando un ser querido es detenido sin información clara sobre su paradero o situación legal.
La ley propone la creación de una plataforma tecnológica nacional, cuya administración recaería en la Procuraduría General de la República. En esta plataforma se registraría cada detención, incluyendo datos cruciales como:
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El nombre completo de la persona detenida.
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El lugar y la hora exactos de la detención.
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El motivo específico de la detención.
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El recinto o instalación donde se encuentra la persona.
La información registrada estaría disponible para los familiares de forma gratuita y en tiempo real, lo que les permitiría conocer de inmediato el estado y la ubicación de sus parientes. Este acceso rápido a la información busca aliviar la angustia familiar y fomentar una mayor transparencia institucional.
El proyecto de ley también incorpora importantes salvaguardas para proteger los derechos individuales:
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Se aclara que estas detenciones no generarán una ficha penal o militar.
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La información será eliminada del sistema en un plazo de 72 horas tras la liberación del detenido, a menos que exista un proceso judicial activo que requiera su conservación.
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La protección de los datos personales estará garantizada conforme a la Ley 172-13.
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Como mecanismo de supervisión, la iniciativa contempla la presencia obligatoria de un fiscal en cada centro de detención.
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Además, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) será responsable de asegurar la conectividad tecnológica necesaria en los recintos de detención para el funcionamiento del sistema.
En palabras de Sánchez Quezada, esta legislación busca fortalecer el control ciudadano sobre las instituciones de seguridad del Estado y contribuir a un sistema de justicia más justo y moderno. Con esta medida, la República Dominicana daría un paso fundamental hacia una mayor rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
