«Dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera Implicada en Fraude Millonario, Revela Ministerio Público»

El Ministerio Público ha destapado un esquema de fraude millonario dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC (Coop-Herrera). Se ha revelado que se estableció una estructura delictiva interna que simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazo fijo para aparentar un crecimiento y solidez ficticios de la entidad.

Según la investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM), que resultó en el arresto de siete individuos, incluyendo a altos ejecutivos de la cooperativa, en la denominada Operación Búho, se sustrajeron más de 2,500 millones de pesos de los socios. Con estos fondos, los imputados adquirieron lujosos activos.

La solicitud de medidas coercitivas fue presentada el pasado sábado, y los detenidos incluyen a Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. La solicitud será revisada este lunes.

Según la investigación, la estructura delictiva respondía exclusivamente al presidente de la cooperativa, quien posteriormente se convirtió en administrador general, colocando a familiares y personas de confianza en el consejo de administración, gerencia de crédito, gerencia general, auditoría y otras áreas, permitiéndole manejar los fondos de los socios como si fueran suyos.

En 2018, se realizó una reestructuración en la administración de Coop-Herrera, otorgando al administrador general la máxima autoridad. A raíz de esta transformación, la cooperativa experimentó un crecimiento aparente en sus activos, que se consideró extraordinario en comparación con su historial anterior.

El documento también revela que esta estrategia ocultó el fraude financiero mientras daba una impresión de solidez, atrayendo más capital y aumentando la membresía.

Se menciona una asociación de malhechores entre Méndez Pérez y Santana Borsilea en 2018. Santana Borsilea habría obtenido préstamos sin justificación, usando documentos falsos para respaldarlos.

Se identificaron 119 personas y entidades vinculadas a Santana Borsilea, que supuestamente se utilizaron para simular préstamos y crear aportaciones y certificados a plazo ficticios, generando intereses que la estructura criminal retiraba.

La solicitud describe la adquisición de lujosos bienes, como vehículos de lujo, yates, apartamentos, terrenos y más, utilizando certificados financieros sin garantía como método de pago. También se mencionan propiedades por valor de más de 8 millones de dólares adquiridas de empresas del Grupo Vargas Maldonado.

El Ministerio Público busca declarar el caso como complejo y solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados.